El esclarecimiento de la verdad tiene como objetivo revelar las atrocidades cometidas durante un conflicto armado, sea de tipo internacional o no internacional, darles voz a las víctimas y generar un debate en la sociedad sobre la superación de la violencia. Se puede lograr a través de diversos mecanismos, como la documentación de violaciones a los derechos humanos, procesos de reconstrucción de memoria histórica, siendo uno de los más utilizados las comisiones de la verdad.

Numerosos estudios se han publicado sobre las comisiones de la verdad, en ellos se han analizado su propósito y alcance, y se ha evaluado su efectividad (1) . Existe un consenso acerca de la importancia de la participación de las víctimas en estos procesos que buscan develar el pasado violento, comprender las causas estructurales de la violencia, las motivaciones de los actores involucrados, y proponer iniciativas para la no repetición. No obstante, la participación debe ser genuina, significativa y reflejar las voces, necesidades y prioridades de las víctimas.

Desde finales de la década del 2000 se ha hecho énfasis en lo esencial de la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en escenarios de justicia transicional, su inclusión parece indiscutible en la esfera de las políticas para construir relatos históricos de verdad, pero en la práctica, su implementación efectiva tiene aún un largo camino por recorrer.

Un cambio de narrativa para una verdad legítima

Conviene preguntarse de quién es la verdad que se está buscando. No es suficiente que los adultos interpreten los hechos de violencia que le han ocurrido a los niños, niñas y adolescentes, esclarecer la verdad requiere un ejercicio honesto de compartir el poder y el espacio de narrar con ellos y ellas. Exige escuchar y comprender de otro modo, repensar la relación que los niños, niñas y adolescentes han tenido con la guerra y la forma cómo se construye su relato de lo que les pasó. Una verdad legítima precisa un cambio de narrativa.

La gran mayoría de investigaciones se han limitado a hacer un listado de los impactos o consecuencias que han sufrido los niños, niñas y adolescentes en la guerra, pero no se han cuestionado el porqué de su lugar en ella. Para ello, es fundamental comprender que existen relaciones de poder asimétricas entre las personas adultas y los niños, niñas y adolescentes (lo que se denomina adultocentrismo que, en otras palabras, es un sistema de clasificación y jerarquización, similar al colonialismo, racismo y patriarcado), y que estas relaciones asimétricas que se han manifestado a través de la violencia, se han acentuado durante el conflicto armado y han facilitado su persistencia (2).

Es desde este contexto que debe hacerse el análisis del lugar que han tenido los niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Hay que encontrar explicaciones sobre quiénes se beneficiaron de su participación tanto en las confrontaciones como fuera de ellas, y profundizar en cómo las prácticas culturales adultocéntricas, que han posibilitado la violencia y su persistencia, se desinstalan para posibilitar una sociedad garante de sus derechos.

Asimismo, hay que llamar la atención acerca de sus historias de vida y experiencias, estas han quedado reducidas a una única faceta: la de víctimas sin agencia. Evidentemente, los niños, niñas y adolescentes han sufrido la violencia de manera profunda, sus consecuencias han sido devastadoras y tendrán repercusiones a lo largo de sus vidas, pero verlos como un grupo homogéneo que se caracteriza únicamente por lo que han sufrido (o creer que todos lo han hecho de la misma manera) es desconocer los distintos matices de sus realidades, su agencia, sus mecanismos de afrontamiento y sus resistencias.

Para lograr construir un relato histórico de lo que les sucedió a varias generaciones de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, urge generar entornos familiares, comunitarios y escolares que posibiliten el diálogo para el reconocimiento de la verdad. Espacios en los que ellos y ellas puedan compartir sus sentires y experiencias sin temor a ser juzgados, y se visibilicen y reconozcan sus relatos. Se necesitan ambientes seguros y de confianza, en donde puedan expresarse con el propósito de contribuir al fortalecimiento del tejido social como un escenario de protección. En definitiva, la participación es un derecho que se aprende ejerciéndolo.

Como ejemplo, se puede mencionar la Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad, co-construida y co-realizada por la Comisión de la Verdad de Colombia y un grupo de jóvenes líderes, con el apoyo de numerosas instituciones y organizaciones, que tuvo como propósito conocer las opiniones y reflexiones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes acerca de qué tanto conocían sobre el conflicto armado, el valor de la verdad y el papel en la construcción de verdad, convivencia y no repetición. Con un total de 5.242 participantes de 29 departamentos y 441 municipios de Colombia, la Consulta se convirtió en un ejercicio de participación genuino y autónomo en donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tuvieron voz y voto, un hito en procesos participativos, en escenarios de construcción de verdad (3).

Contrarrestar el silencio

La guerra va acompañada de silencios. El silencio puede estar relacionado con la incapacidad de asimilar la violencia y nombrarla; con un silenciamiento intencional para intimidar a las víctimas y que ellas no hablen sobre los crímenes; y con el mutismo de unas instituciones y una sociedad que deberían haber reaccionado frente al daño ocasionado por el conflicto armado y no lo han hecho.

Construir la verdad sobre la guerra en Colombia ha implicado contrarrestar el silencio sobre lo que les ha ocurrido a varias generaciones de niños, niñas y adolescentes en el país. Resignificar la verdad supone abrir la posibilidad a nuevas memorias y expresar lo inexpresable. Se trata de hacer audible el silencio e inscribirlo en la historia. La verdad de los niños, niñas y adolescentes, y de aquellos que lo fueron a lo largo del conflicto armado, reclama ser escuchada, es un llamamiento ético, político y jurídico.

Es por esto que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (Acuerdo Final, punto 5.1.1.1.pár. 7) estipuló en el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que la labor de esclarecer lo ocurrido debía ofrecer, “una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros”. En este sentido, se puede afirmar que la transversalización del enfoque de infancias y juventudes en el cumplimiento de los cuatro objetivos misionales de la Comisión de la Verdad fue una apuesta significativa y valiosa para el país y para la consolidación de estándares internacionales en la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en escenarios de justicia transicional.

Democratizar la verdad

De manera general, el principal reto para democratizar la verdad es que las instituciones del Estado, las organizaciones sociales, las agencias de cooperación, las familias y demás actores de la sociedad sean conscientes de su importancia. Esto supone procesos de participación genuinos, autónomos, donde los niños, niñas y adolescentes tengan la agencia para contar su verdad y construir de manera colectiva, a partir de sus verdades plurales, desde la diversidad étnica, cultural y territorial.

Por supuesto, la construcción de verdad es de largo aliento. La Comisión de la Verdad de Colombia no pretendió durante su mandato construir un relato sobre toda la verdad de una confrontación armada de tan larga duración y gran complejidad. Entonces, será a través de procesos continuados y consistentes, y con el esfuerzo de toda la sociedad, que se llegue realmente a comprender la dimensión de las experiencias de los niños, niñas y adolescentes en la guerra. El país necesita conocer y asumir su responsabilidad sobre estos hechos y comprometerse con la no repetición.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos políticos y de derechos, esto significa que deben tener un rol fundamental en la construcción de políticas de prevención, protección de violencias y construcción de paz. Reconocer la verdad de sus experiencias en el conflicto armado es el primer paso, involucrarlos en la construcción, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia es una obligación y una necesidad imperativa para la garantía de sus derechos.

Sinthya Rubio Escolar
Internacionalista, PhD en Derechos Humanos, con dieciocho años de experiencia profesional y académica, nacional e internacional, en derechos humanos, justicia transicional, construcción de paz y enfoques diferenciales.