La necesidad del apoyo público y gubernamental a la justicia transnacional: el caso de las Cámaras Especializadas de Kosovo

 Dra. Maria Stefania Cataleta

1. El difícil legado de los tribunales híbridos

El sentido de apropiación pública no es un aspecto secundario para un tribunal internacional, especialmente cuando se encuentra alejado del país afectado. En particular, cuando estos tribunales están físicamente ubicados en el extranjero, suelen ser percibidos como entidades ajenas; en tales casos, es necesario establecer una comunicación entre el tribunal, las víctimas y la comunidad.

La cercanía de la justicia híbrida con la población local fue promovida por primera vez por el Consejo de Seguridad al establecer el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya. En ese entonces, la misión se cumplía también a través de un Programa de Divulgación, fundamental para lograr el mandato del Tribunal. El objetivo del programa era mantener un «vínculo entre el trabajo del Tribunal y el pueblo de la ex Yugoslavia», de manera que las personas de la región compartieran un consenso sobre la legitimidad del Tribunal. «Debían conocer, entender y apreciar el trabajo del Tribunal[1]». El Programa de Divulgación del TPIY, lanzado en 1999, debía contrarrestar las tergiversaciones y malentendidos que afectaban la percepción local del Tribunal. La propaganda intencionada incrementaba el descontento entre los distintos grupos étnicos y desacreditaba al Tribunal. El entonces Presidente comprendió que era esencial, para el proceso de legitimación del Tribunal[2], convencer a la población de que había sido creado para su propio interés.

Lamentablemente, en el caso del TPIY, a diferencia de los tribunales posteriores, el Programa de Divulgación comenzó bastante tarde, seis años después del inicio de su funcionamiento, lo que facilitó el desarrollo de una campaña difamatoria persistente por parte de los medios locales y políticos hostiles. Hoy en día, en otros órganos judiciales de la misma naturaleza, los programas de divulgación comienzan desde el inicio de la actividad del tribunal, lo que permite controlar estas acciones. Sin embargo, esto no ha eliminado por completo la propaganda negativa.

Las Cámaras Especializadas de Kosovo (KSC, por sus siglas en inglés) son un tribunal híbrido que sufre una falta de legitimidad ante la población local. Ante este escenario, el compromiso con la divulgación le corresponde no solo al tribunal, sino también el Gobierno de Kosovo, con el fin de explicar los métodos de trabajo de la Corte y fomentar su apropiación local. Lamentablemente, la actitud contradictoria del Gobierno de Kosovo no permite justificar el respaldo previo ni la actual actitud de reticencia frente a las Cámaras Especializadas. En contraste, el Gobierno debería explicar a sus ciudadanos el propósito de las KSC para promover el respaldo local. Este enfoque ambiguo del Gobierno puede ser el escenario idóneo para generar tensiones intercomunitarias, disturbios civiles e inestabilidad política.

Desde el inicio de su actividad, las KSC se han involucrado en una estrategia de divulgación efectiva a través de la Unidad de Información Pública y Comunicación, y también de la Presidencia y el Registro, mediante las cuales participan activamente en actividades comunicativas. Se organizan reuniones públicas y eventos, tanto en la sede de la Corte como en Kosovo, y en línea, mediante un canal de YouTube. Estas acciones han sido vitales para las KSC, al considerar que han tenido que hacer frente a pronósticos preocupantes relacionados con la impunidad de los acusados más prominentes, quienes supuestamente habrían recibido garantías de que no serían procesados, pues solo se juzgaría a figuras de bajo nivel y no a los “peces gordos”. Según esta narrativa, la Corte solo procesaría a los autores materiales directos, y no a los comandantes.

En realidad, esto no es cierto. De hecho, en junio de 2020, el Fiscal anunció que había presentado una acusación formal de diez cargos contra el presidente Hashim Thaçi, líder del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, por sus siglas en inglés) entre 1998 y 2000, junto con el presidente del Partido Democrático de Kosovo, Kadri Veseli, y otros nueve individuos, por crímenes que incluyen asesinato, persecución, desapariciones forzadas, tortura y otros delitos supuestamente cometidos contra cientos de víctimas consideradas por el KLA como traidores a la causa [3]independentista. Tras este anuncio, el presidente Thaçi canceló su viaje a Washington y acusó a la KSC de querer reescribir la historia.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2020, la Cámara de Cuestiones Preliminares de la KSC confirmó su primera [4]acusación formal, en la cual la Oficina del Fiscal Especial sostuvo que los crímenes fueron cometidos en el marco de una Empresa Criminal Conjunta (JCE, por sus siglas en inglés). Al confirmar la acusación, la Cámara aplicó la doctrina de la JCE en todas sus formas, aunque parece que no existe ninguna referencia a esta figura en el Estatuto de la KSC ni en el Código de Procedimiento Penal de Kosovo —particularmente a la JCE III— y tampoco era parte del derecho internacional consuetudinario aplicable en el momento en que se cometieron los delitos. La decisión de confirmación revela que existían declaraciones públicas, publicaciones y otros materiales accesibles que advertían o incitaban la comisión de los crímenes alegados. Como lo concluyó el Juez de Cuestiones Preliminares, Nicolas Guillou, las pruebas establecen una sospecha razonable suficiente para convencer a un observador objetivo de que los señores Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi cometieron los delitos imputados.

Numerosas críticas han señalado que fueron necesarias casi dos décadas para iniciar los enjuiciamientos por crímenes sistemáticos y generalizados, lo que genera preocupaciones sobre la disponibilidad y fiabilidad de las pruebas, muchas veces perdidas, manipuladas o deterioradas, así como sobre la memoria de los testigos, que se ha desvanecido o ha sido influenciada. Veinte años después de la comisión de los presuntos delitos, el tiempo que ha pasado no representa un plazo razonable, lo que significa una negación del derecho de los acusados a un proceso expedito. Según estos argumentos, es fundamentalmente injusto para los acusados esperar hasta que las pruebas sean inciertas, inalcanzables o poco confiables. Las mismas críticas afectan a las víctimas, porque la justicia tardía es justicia denegada.

Otros opositores sostienen que los procesos contra los combatientes heroicos del KLA exacerbarían la ira social, alimentarían la inestabilidad política, provocarían nuevas tensiones entre las comunidades albanesa y serbia en Kosovo, podrían causar un resurgimiento del nacionalismo o del fundamentalismo islámico y, en última instancia, empeorar el diálogo Kosovo-Serbia. Además, la nueva Corte podría ser vista con desilusión por las víctimas serbias, que han perdido la fe en los mecanismos judiciales tras el fracaso de los anteriores tribunales internacionales y nacionales. En resumen, un pronóstico catastrófico ha acompañado a la KSC desde el inicio de su actividad.

1. Las perspectivas de las Cámaras Especializadas de Kosovo (KSC)

Actualmente, las KSC gozan de apoyo internacional, particularmente entre los países de la Unión Europea, que tienen grandes expectativas sobre su idoneidad y adecuación para cumplir con sus propósitos. En contraste, sufre una falta de apoyo interno, especialmente entre la comunidad albanesa de Kosovo, que la percibe como una imposición extranjera ilegítima y como una entidad que se enfoca injustamente en los albaneses. El tribunal es visto como un órgano innecesario, cuyos métodos de trabajo resultan poco claros, con competencias sobre crímenes que son negados por el grupo étnico albanés, el cual considera a los líderes del KLA como combatientes por la libertad y rechaza su clasificación como criminales.

Existe la percepción de que los procedimientos judiciales no producirán resultados efectivos, en parte porque los juicios se llevarán a cabo más de veinte años después de los hechos, lo que afectará la precisión de los recuerdos de los testigos. Más aún, debido a la corrupción endémica y generalizada en Kosovo, se cree que los testigos serán intimidados y, por lo tanto, obligados a negar las acusaciones, como ocurrió en juicios similares contra líderes del KLA ante el TPIY. Finalmente, la Corte es vista como una imposición a cambio de lograr la integración internacional de Kosovo, y esa forma de “extorsión” genera ira social, frustración, resentimiento nacionalista, tensiones intra e interétnicas y hostilidad hacia la comunidad internacional.

Algunas preocupaciones se relacionan con la seguridad de los testigos, pues es necesario disponer de escenarios idóneos en los cuales se sientan alentados a declarar, como ocurrió el 14 de enero de 2019, cuando la Corte interrogó a Rrustem Mustafa, un excomandante del KLA. Ese ambiente de garantía podría ayudar a combatir la desconfianza y la inseguridad de la población. Al respecto, entre los principales objetivos de la KSC se encuentra la capacidad de llenar los vacíos y evitar los errores cometidos por su predecesor, el TPIY, en la protección de testigos. En ese caso, uno de los mayores problemas fue convencer a los testigos de declarar, al mismo tiempo que se les protegía contra intimidaciones e interferencias. De hecho, «las razones para establecer las KSC están más relacionadas con la protección de testigos» que con la posible corrupción del sistema judicial interno[5].

Para evitar y prevenir riesgos de intimidación o asesinato de testigos, como ocurrió anteriormente en el TPIY, las KSC han implementado un programa de protección altamente securitizado y riguroso. Se han adoptado medidas estrictas para garantizar la seguridad de testigos y víctimas, así como su bienestar físico y psicológico, su dignidad y privacidad. Los testigos disfrutan de privilegios e inmunidades plenas frente a acciones legales relacionadas con sus declaraciones y no están sujetos a restricciones migratorias para asistir a las audiencias. Las KSC aseguran numerosas medidas de protección, como el ocultamiento de la identidad, declaraciones privadas en audiencias cerradas, y enlaces de video unidireccionales a circuito cerrado para mantener en secreto la ubicación del testigo. Las Reglas de Procedimiento y Prueba prevén que las víctimas reciban reparaciones razonables por parte de los acusados que hayan sido declarados culpables o que se hayan declarado responsables de un crimen que haya causado un daño directo a dichas víctimas.

Lamentablemente, a pesar de estas disposiciones estrictas y medidas serias, en septiembre de 2020 miles de documentos relacionados con crímenes de guerra fueron sustraídos de la Oficina del Fiscal y entregados de forma anónima a la Organización de Veteranos de Guerra del KLA. Los archivos incluían los nombres de testigos protegidos en casos ante las KSC. El líder de dicha organización, Hysni Gucati, afirmó que los documentos demostraban que las Cámaras Especializadas estaban sesgadas contra los albaneses kosovares y que «fueron establecidas para cumplir con la voluntad de Serbia». Esta acción ilegal demuestra lo difícil que es el trabajo de las KSC en un clima hostil marcado por el resentimiento, las acusaciones y los boicots.

Ahora bien, existe un debate sobre los logros futuros del Tribunal. Se discute si esta Corte contribuirá a la verdad, la justicia y la reconciliación; si sus veredictos serán considerados veraces y aceptados por el público; si habrá una comprensión y percepción pública adecuada de los juicios; y si el trabajo de la Corte promoverá el diálogo étnico y la aceptación mutua. Todos estos factores solo podrán evaluarse una vez inicien los procedimientos judiciales. Por ahora, no es posible emitir un pronóstico sobre los resultados de las labores del Tribunal, ni en sentido positivo ni negativo. No se puede prever si las KSC tendrán un impacto social positivo o negativo en Kosovo; por ello, es imposible hacer una evaluación ni demasiado optimista ni excesivamente catastrófica.

El apoyo del Gobierno es fundamental para influir en los medios de comunicación, que desempeñan un papel importante, sobre todo porque en Kosovo los medios están muy polarizados políticamente y son mono étnicos, caracterizados a menudo por discursos de odio, desinformación e incitación a la división étnica[6]. El Gobierno debe mitigar todos los posibles impactos negativos y proteger la reputación de las KSC, explicando al público la naturaleza de los procedimientos y los métodos de trabajo de esta Corte. Por el momento, resulta positiva la decisión de Thaçi de renunciar a su cargo de Presidente el 5 de noviembre de 2020, tras la confirmación de los cargos en su contra, para comparecer ante la Corte como un ciudadano común. Este comportamiento reconoce la legitimidad de las KSC.

Así las cosas, el apoyo político es la premisa para generar un sentido de apropiación popular respecto a las KSC. Esto puede facilitar la reconciliación dentro de las comunidades y entre ellas. Si el Gobierno no trabaja en esta dirección, será el arquitecto del fracaso del proceso de reconciliación, más que el responsable del fracaso de las KSC. «La creación de la KSC representa la última esperanza para las familias de todas las nacionalidades que han sido víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1998 y 2000 en el territorio de Kosovo[7]».

Las opiniones acá consignadas no representan la postura del CIV ni de las entidades a las que los autor@s se encuentran o se encontraban vinculad@s.

Doctora, LL.M., Abogada especializado en derechos humanos y derecho penal internacional, en la lista de consejeros de las Cámaras Especializadas de Kosovo (2020), Corte Penal Internacional (2006), Tribunal Penal Internacional para Ruanda (2006), Tribunal Especial para el Líbano (2010), Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (2010). Chercheure associee Laboratoire de Droit International et Europeen-LADIE Universite Côte d’Azur, Francia. Investigadora y profesora adjunta en la Universidad LUMSA, Italia.